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 El actual proceso de globalización enfrenta a los países de América Latina a una diversidad de desafíos que se pueden resumir en la exigencia de desarrollar una capacidad de inserción en la realidad mundial, tanto en lo político como en lo económico, y que sea, a la vez, consistente con el desarrollo de capacidades internas para enfrentar las demandas ciudadanas y una reforma del Estado que pueda hacer sostenible una respuesta oportuna y eficiente a ellas. Este desafío estatal compromete no sólo el liderazgo de los gobiernos sino que convoca a todas las instituciones del Estado.
En este contexto, surge la necesidad de fortalecer en cada Estado cuatro ejes fundamentales, orientados a un objetivo común para todos ellos, cual es el de lograr un desarrollo económico y social que posibilite el bienestar de la población y la superación de la pobreza, aspectos recurrentes en los discursos políticos y programáticos de todos los candidatos presidenciales en los últimos cinco años en América Latina.
Estos cuatro ejes son: Fortalecimiento de la institucionalidad política; Fortalecimiento de un posicionamiento internacional mediante una gestión diplomática activa y creíble; Una economía sana y sustentable en sus expresiones micro, macro y monetaria; Una Política de Defensa institucionalizada bajo criterios no ofensivos pero coordinados con los objetivos del país; y una Política de desarrollo tecnológico orientada a obtener valor agregado de las exportaciones de materias primas, toda vez que es el principal factor de ingreso de los
países. En este sentido, surge una evidente necesidad de perfeccionamiento para las instituciones estatales, donde destacan las burocracias nacionales y locales, como también para las instituciones militares. La cuestión acá estriba en establecer el grado de integración de las fuerzas armadas en la estructura del Estado, lo cual implica la utilización de un recurso humano calificado que normalmente no es cooptado en la gestión gubernamental, tal como sucede en las democracias más desarrolladas. Por otra parte, y en lo que respecta a una visión desde la seguridad y la defensa, América Latina y, específicamente, América del Sur no es considerada una zona de conflicto potencial – a lo más de tipo limitado -, aunque sí puede ser considerada como una clara zona de interés e influencia para Norteamérica, Europa y Asia. En este sentido, vale la pena recordar que América Latina se encuentra dentro de Occidente y queda, en consecuencia, sometida a los designios de las potencias occidentales en los aspectos políticos y económicos, como también –realizando el ejercicio de análisis inverso- es parte de la lectura de Occidente que hace Asia, África, India y Medio Oriente. Nuestra aproximación inicial nos lleva a plantear la existencia de al menos tres niveles diferenciados respecto a la forma en que el proceso de globalización se desarrolla. Si bien es una propuesta sólo para efectos analíticos, logra dejar en evidencia que es imposible plantear cambios en los procesos educativos y formativos al interior de un Estado, sino existe la capacidad de observar y describir las características y elementos presentes en la globalización. Lo anterior, nos deja bajo el siguiente esquema. En primer lugar, existe un orden mundial asociado a la superpotencias y el resto de las potencias de nivel mundial, definidas por variables económicas, políticas, militares y nucleares, destacando que cualquiera de ellas debe poseer capacidad de proyección de sus fuerzas armadas. Los procesos de modernización de las fuerzas armadas de varios países europeos (Francia, Inglaterra y España) y de Estados Unidos, dan apropiada cuenta de ello. Los países de este orden primario, poseen intereses de distinto tipo en el resto del mundo y capacidad para influir o imponer su voluntad por distintos medios, con el apoyo o no de organismos internacionales cuyo control depende del grado de consenso que puedan lograr según sus objetivos.
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