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 Los países de América del Sur se han debido enfrentar a un contexto de incesante cambios desde 1990 en adelante. Las profundas modificaciones políticas y económicas han significado la implementación de reformas estructurales de distintas magnitudes en los ámbitos políticos, económicos y, por cierto, militares, según del país de que se trate.
En el aspecto político, destacan los procesos de transición y consolidación democrática, los cuales corresponden a las etapas post autoritarias, donde es posible apreciar significativas diferencias entre los países de América Latina. Del mismo modo, destaca la preocupación internacional por los derechos humanos como fundamento de las democracias emergentes o consolidadas. Ya sea que se trate de poliarquías, al estilo que las define Dahl o respondan a las características clásicas de la democracia que analiza Sartori, lo concreto es que estos procesos no han estado ajenos a vaivenes y períodos de inestabilidad política.
En el plano económico, surgen los “imperativos estratégicos”, mediante los cuales organismos internacionales, como el FMI, el BM y otros, imponen determinadas exigencias económicas de tipo estructural como condición sine qua non para mantener abiertas las líneas de crédito o financiar programas específicos indispensables para asegurar el desarrollo o la viabilidad económica de los países. Los países de América del Sur se han debido enfrentar a un contexto de incesante cambios desde 1990 en adelante. Las profundas modificaciones políticas y económicas han significado la implementación de reformas estructurales de distintas magnitudes en los ámbitos políticos, económicos y, por cierto, militares, según del país de que se trate. En el aspecto político, destacan los procesos de transición y consolidación democrática, los cuales corresponden a las etapas post autoritarias, donde es posible apreciar significativas diferencias entre los países de América Latina. Del mismo modo, destaca la preocupación internacional por los derechos humanos como fundamento de las democracias emergentes o consolidadas. Ya sea que se trate de poliarquías, al estilo que las define Dahl o respondan a las características clásicas de la democracia que analiza Sartori, lo concreto es que estos procesos no han estado ajenos a vaivenes y períodos de inestabilidad política. En el plano económico, surgen los “imperativos estratégicos”, mediante los cuales organismos internacionales, como el FMI, el BM y otros, imponen determinadas exigencias económicas de tipo estructural como condición sine qua non para mantener abiertas las líneas de crédito o financiar programas específicos indispensables para asegurar el desarrollo o la viabilidad económica de los países. En lo social, la superación de la pobreza y el desarrollo constituyen demandas específicas y permanentes de la población, las cuales constituyen un desafío para las burocracias en términos de eficiencia y oportunidad. Estas características han significado una fuerte exigencia para las estrenadas democracias latinoamericanas. De hecho, la democracia ya no se trata sólo de tener partidos políticos y apoyo ciudadano a través del voto, sino que implica tener capacidad de conducción y eficiencia en las políticas que se implementan. Ello supone el establecimiento de mecanismos adecuados de distribución de poder, donde se definen los canales de participación y los esquemas de representación, como también, el diseño e implementación de mecanismos de resolución de conflictos y crisis adecuados a la realidad de cada país. Sin duda, la historia política reciente de América Latina está marcada por dos cuestiones fundamentales: los gobiernos militares por una parte, y las crisis económica de los años ochenta por otra. Justamente, son estos dos elementos los que condicionan en gran medida lo que los países de América Latina están haciendo en la década de los noventa. En virtud de lo anterior, entonces, las prioridades de los gobiernos se han centrado primero en hallar viabilidad económica a sus respectivos países para luego dar viabilidad política a través de un fortalecimiento de la democracia. En lo económico, ha significado asumir un modelo de economía de mercado de corte neoliberal y coherente, en lo principal con principios enunciados n el Consenso de Washington en 1989, según el cual la propiedad privada y la eficiencia de los oferentes en un ambiente de libre competencia constituye el motor que dinamiza a la sociedad y su economía. Además, se sostiene la necesidad de reducir el tamaño del Estado, erradicar la corrupción, profesionalizar la burocracia estatal, etc. En otras palabras, se trata de que el sector estatal se gestione bajo parámetros de competitividad y productividad. Se integra, además, como variable nueva el regionalismo, la cual establece la necesidad de analizar las ventajas que se producen al participar de bloques económicos y/o acuerdos bi y multilaterales. En lo político, destaca especialmente la necesidad de consolidar el régimen democrático, fortalecer las instituciones democráticas (preferentemente Ejecutivo y legislativo) y, sobre todo, generar condiciones para que no se vuelvan a producir golpes y/o asonadas militares. En otras palabras, significa alejar a los militares de la política o establecer una completa subordinación de ellos al poder político. Descargar |
